ANALIS DE LA LEY 41-08 SOBRE FUNCION PÚBLICA

Esta ha sido denominada, LEY DE FUNCIÓN PUBLICA Y QUE CREA EL MINISTERO DE ADMINISTRACION PUBLICA.

Viene a derogar y sustituir la antigua Ley 14-91 del 20 de mayo del 1991, Sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como su Reglamento de aplicación No.81-94, entre otras leyes y disposiciones sobre la materia.

La Nueva Ley pasa a aglutinar o agrupar, las disposiciones que sobre la materia se hallaban dispersas en diferentes leyes y reglamentos, relativo a la conducta de los servidores públicos, en el sector descentralizado y centralizado.

El Objetivo principal de esta Ley es el de regular las relaciones de trabajo de los servidores públicos para desempeñar cargos presupuestados para las funciones públicas en el Estado, los Municipios y las entidades Autónomas, dentro del ámbito de la profesionalización y significación laboral de los servidores público.

Aspecto elemental, relativo al ámbito de competencia, es el que resulta de la exclusión de los servidores en cargos electivos, Miembros de la Junta Central electoral; Cámara de Cuentas; Personal militar y Policial; así como quienes mantienen relación de empleo con entidades y órganos estatales que se rigen por el Código de Trabajo.

Como aspecto más relevante en esta nueva Ley, encontramos la creación dentro de la Estructura del estado del MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA, como órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes, así como del fortalecimiento institucional de la Administración Pública.

Entre las funciones más relevantes de esta Nueva Secretaria de Estado, se encuentran:

a-) La de propiciar y garantizar al más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función pública del Estado, y asignar el respeto de los servidores públicos dentro del marco de la Ley

b-) ejecutar y evaluar las Políticas, planes y estrategias nacionales en materia de empleo público

c-) Elaborar y proponer al Presidente de la República, los Reglamentos complementarios de la Ley 41-08, especialmente los que desarrollen la carrera Administrativa General. ENTRE OTRAS múltiples y variadas, contenidas expresamente en el Artículo 8 de la ley analizada.

Elaborado por: Lic. Javier López

Septiembre 2015.-

La Nueva ley contempla la existencia del INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, como un órgano desconcentrado DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, con el objetivo de ejecutar, coordinar, dar seguimiento, y evaluar, los procesos de inducción, formación y capacitación del personal de los órganos y entidades sujetos a la Ley. A su cargo se encuentra la realización de investigaciones y estudios para mejorar el funcionamiento de la Administración pública que le sean encomendados.

Esta Ley crea la estructura de Dirección y Administración de la función Pública, dentro de

cuya estructura se encuentra a la cabeza, la nueva Secretaria de Estado, así como el Instituto Nacional de la Administración Pública, seguido de las Oficinas de Recursos Humanos, en los órganos y entidades de la Administración pública regulados por la Ley; y de las Comisiones de Personal, las que poseen atribuciones de conciliación en su ámbito de competencia.

Dicha ley Contempla una categorización de los servidores públicos, tomando en cuenta varios parámetros, los que clasifica en:

1- ) Funcionarios o Servidores Públicos de Libre nombramiento o remoción

2- ) Funcionarios o Servidores Públicos de Carrera

3- ) Funcionarios o servidores Públicos de estatus simplificado

4- ) Empleados temporales.

Se define como funcionario o servidor Público de Carrera Administrativa, a quienes habiendo concursado públicamente, y superado las correspondientes pruebas e instrumentos de evaluación, de conformidad con la Ley, hayan sido nombrados para desempeñar un cargo de carácter permanente clasificado de carrera y con previsión presupuestaria. Este solo perderá dicha condición en los casos previstos por la Ley y previo cumplimiento del procedimiento administrativo correspondiente. El cese contrario a este derecho acarreara la reposición del servidor público de carrera en el cargo que venia desempeñando, así como el pago de los salarios dejados de percibir.

Todos los ciudadanos Dominicanos, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tiene derecho a acceder al servicio público en condiciones de igualdad, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley 41-08, SIN EMBARGO los nombramientos o contrataciones hecha sin cumplir las disposiciones o requisitos del artículo 33 de la Ley, serán nulos, sin perjuicio del tiempo transcurrido y sin afectar la validez de los actos efectuados por la persona.

Para la promoción o ascenso de los servidores públicos, se consagra la EVALUACION DEL DESEMPEÑO, estableciéndose la formación y capacitación como base, a cuyo efecto se hace obligatoria la participación del servidor en los programas de inducción, formación y capacitación que prevea la Secretaria de Estado de Administración Pública.

La evaluación del desempeño se verificara periódicamente, a través de procedimientos, técnicas y metodologías, que se pautaran separadamente en el reglamento que complemente esta Ley.

Elaborado por: Lic. Javier López

Septiembre 2015.-

Relativo a las condiciones en que se debe ejecutar el trabajo, la Ley ha fijado como una jornada semanal de trabajo, que nunca será inferior a Treinta (30) horas semanales, ni superior a Cuarenta (40), horas semanales, con las salvedades previstas en la Ley. Después de un trabajo continuo de un (1) año, se dispone el disfrute de las Vacaciones Anuales remuneradas, conforme escala establecida en la Ley. Quienes sean desvinculados del servicio, con un mínimo de seis (6) meses de trabajo, tendrán derecho a sus vacaciones de forma proporcional.

Esta nueva Ley se encarga de consagrar los derechos individuales de los servidores públicos sujetos a ella, entre los que se destacan, al margen de los ya tradicionales remuneración, recibir capacitación, salario No.13, licencias y permisos, prestaciones sociales, jubilaciones, los siguientes:

a-) La titularidad de un cargo permanente de la administración pública clasificado como de carrera.

b-) Ser ascendidos por sus méritos, a cargos de mayor nivel y remuneración.

 c-) estabilidad en el puesto de trabajo.

Los empleados de estatus simplificado (del área de mantenimiento y servicio de edificios, equipos e instalaciones; vigilancia, portería y otros análogos, en fin que no sean administrativos), con más de un año, en los casos de cese injustificado, deberán ser indemnizados con el equivalente al sueldo de un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a 6 meses, sin que el monto de la indemnización exceda de los salarios de 18 meses.

El funcionario o servidor Público de Carrera, en los casos en que su cargo sea suprimido por interés institucional y no exista puesto de trabajo vacante, ni califique para recibir pensión o jubilación, tiene derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a los 6 meses, sin que el monto de la indemnización exceda de 18 sueldos.

Uno de los derechos individuales más relevantes, es el relativo al servidor público de estatus simplificado, cuando de conformidad con la Ley tiene el derecho a una pensión o jubilación, quien no puede ser destituido injustamente, y DEBE SEGUIR PERCIBIENDO SU SALARIO hasta que dicha pensión o jubilación le sea concedida.

En lo atinente a los derechos colectivos de los servidores públicos, la Ley 41-08, salvaguarda el derecho de éstos a organizarse dentro del marco de la misma Ley, así como su derecho a desafilarse cuando lo deseen.

Las asociaciones de servidores públicos, federaciones y confederaciones, adquieren su personalidad jurídica a través de su registro en el MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA, quien expide sus correspondientes credenciales. Todo lo relativo a la constitución, requisitos y documentos, de estas organizaciones, lo reglamenta la Ley en sus artículos 68,69 y siguientes; PERO TODOS A TRAVES del Ministerio de Administración Pública.

Elaborado por: Lic. Javier López

Septiembre 2015.-

La cancelación del registro de las organizaciones de servidores públicos, COMPETE A la Jurisdicción Contencioso Tributario y Administrativo, mediante sentencia, previo procedimiento.

Una proporción de los Directivos (9), de la organización, se beneficia DEL FUERO EN

EL EJERCICIO DE SUS CARGOS. Es decir, solo podrán ser destituidos por una de las causas legales previstas. Están protegidos por un periodo de hasta un (1) año después de haber cesado en sus funciones directivas. Esta destitución, en todo caso, necesita ser refrendada, en cuanto a la valides de la causa invocada, por decisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Uno de los capítulos más importantes de la Ley, es el referente a los RECURSOS legales de que disponen los servidores públicos, frente a la ejecución de un acto administrativo que le ha causado daño o perjuicio (cese o desvinculación, violación a cualquiera de sus derechos adquiridos o reconocidos en la Ley, etc.), en interés de REVOCAR dicha decisión u acto administrativo.

Estos son los RECURSOS DE RECONSIDERACION Y JERARQUICO. El primero de ellos, el de RECONSIDERACION, se interpone por escrito ante la misma autoridad que emitió la decisión considerada injusta, en un plazo de 15 días francos, a partir de la fecha de recibir la entrega de la decisión. Trascurridos treinta (30) días, sin repuesta del responsable de conocer el recurso, se considerará CONFIRMADA la decisión y podrá entonces interponerse un RECURSO JERARQUICO contra la decisión atacada.

EL RECURSO JERARQUICO se interpone dentro de los 15 días francos, contados a partir de la fecha de haber recibido la Resolución sobre el recurso de Reconsideración, o de la fecha en que se considere confirmada la decisión recurrida. Deberá promoverse ante la instancia u órgano de la Administración Pública de Jerarquía inmediatamente superior al órgano que tomó la decisión atacada. En caso de transcurrir Treinta (30) días sin que haya pronunciamiento sobre el recurso Jerárquico, entonces se considerara confirmada la decisión atacada, y podrá interponerse entonces el RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO por ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, el cual deberá presentarse dentro de los Treinta (30) días francos, la cual deberá conocer y decidir sobre las reclamaciones y peticiones que eleven los servidores públicos, tanto en materia disciplinaria como de otra índole que establezca la Ley 41-08.

La nueva Ley, al igual que la antigua, consagra el Régimen Ético y Disciplinario de los

Servidores Públicos, establece sus principios rectores, deberes, prohibiciones, faltas, sanciones.

Se instituyen como principios rectores de la conducta del servidor públicos, los siguientes:

Cortesía, Decoro, Discreción, Disciplina, Honestidad, Vocación de Justicia, Lealtad,

Probidad, Pulcritud y Vocación de Servicios.

Se instituyen como DEBERES del servidor, entre otros:

Elaborado por: Lic. Javier López

Septiembre 2015.-

a-) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes, Reglamentos, instructivos y manuales

Etc.

b-) Prestar servicio con dedicación eficiencia, honestidad e imparcialidad en sus funciones

c-) Cumplir su jornada de trabajo.

d-) Denunciar ante superior jerárquico los hechos ilícitos y delictivos de los que tanga conocimiento.

e-) Vigilar y cuidar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado, especialmente los que sean de su área de trabajo o de su responsabilidad.

F-) Guardar la confidencialidad que requieran los asuntos relacionados con su trabajo, especialmente los del ESTADO, aun después de haber cesado en el cargo. ETC. ETC.

Así como se le reconocen derechos y recursos, también en su artículo 80, la ley establece un abanico de PROHIBICIONES, catalogadas de faltas disciplinarias (independientemente de que constituyan infracciones de derecho común) dentro de las que se destacan:

1- ) Solicitar, aceptar o recibir, de forma directa u a través de otros, gratificaciones, obsequios, dadivas, comisiones, recompensa, etc. como pago por los actos inherentes a su cargo.

2- ) Solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta de los mismos.

3- ) Recibir más de una remuneración con cargo al Erario, excepto que estuviera expresamente previsto en las leyes o reglamentos.

4- ) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeñan.

Las citadas en los ordinales anteriores, son solo cuatro (4) de las Diez y Siete (17)

Prohibiciones que de forma expresa contempla el Articulo 80 de la Nueva Ley.

Y así, en la misma forma en que no existe delito sin sanción legal, estas prohibiciones se encuentran clasificadas en grados, con su correspondiente sanción a SABER:

A-) Las Sanciones de primer grado, será sancionada con una amonestación escrita, aplicada por el superior inmediato.

b-) Faltas de Segundo Grado, dará lugar a la suspensión hasta por noventa (90) días sin disfrute de sueldo.

c-) Faltas de Tercer Grado, dará lugar a la destitución del servicio.

Elaborado por: Lic. Javier López

Septiembre 20015.-

La propia Ley en sus artículos 82, 83 y 84 se encarga de señalar de forma precisa, cuales actuaciones o hechos del servidor, se enmarcan dentro de cada una de las categorías de faltas.

De todas las sanciones disciplinarias se debe dejar constancia en el historial del servidor público, así como entregarle una al mismo.

Con motivo de la comisión de faltas y en interés de la imposición de las sanciones previstas, se DEBE OBSERVAR OBLIGATORIAMENTE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO que se encuentra pautado en los Artículos 85 y siguientes de la Ley.

Jamás será legalmente posible, establecer la comisión de faltas de un servidor, e imponer sanciones a este, sin antes haber agotado todo un procedimiento tendente a

                     SALVAGUARDAR EL DERECHO DE DEFENSA DEL INVESTIGADO.

El incumplimiento del procedimiento disciplinario por parte de los titulares de las Oficinas de RECURSOS HUMANOS, será causa de destitución de dicho titular, así como de nulidad del procedimiento que se haya aplicado.

Cuando en contra de un servidor sea necesario una investigación por parte de la justicia o de forma administrativa, y se estime necesario la suspensión del servidor, la misma se hará con goce de sueldo y tendrá una duración de hasta 60 días continuos, cuyo lapso podrá ser prorrogado una sola vez.

A los servidores públicos contra quienes se dicten medidas preventivas de privación de libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo, SIN GOCE DE SUELDO. Esta suspensión NO PODRA SER MAYOR DE SEIS (6) MESES.

El Estado así como el servidor actuante son responsables solidarios y responderán patrimonialmente, por los daños causados por la acción y omisión del funcionario actuante.

El Servidor Público queda desvinculado del Estado por las siguientes causales:

a-) Revocación del Nombramiento, la cual corresponde a la misma autoridad que lo expidió definitivamente, luego de observarse las exigencias legales.

b-) La destitución, emanada de la autoridad competente para separar los servidores públicos.

c-) La Renuncia.

d-) La Pensión o Jubilación reguladas por leyes especiales sobre la materia;

Elaborado por: Lic. Javier López

Septiembre 2015.-

La Nueva Ley dispone que los servidores públicos que a la entrada en vigencia de dicha ley ocupen cargos de carrera, sin que se les haya otorgado el status de servidores de carrera, sean evaluados a los fines de conferirles dicho status. Quienes de cuya evaluación sus resultados sean insatisfactorios, serán destituidos conforme el artículo 49 de la Ley.

La Ley otorga un plazo de ocho (08) años, a partir de la vigencia de esta ley, para que el Ministerio de Administración Pública, culmine todo el proceso de evaluación de los servidores públicos. A partir del vencimiento de dicho plazo, quedaran sin efecto todos los nombramientos de servidores públicos que sin haber adquirido el status de carrera, se encuentren ocupando cargos de carrera.